Bajo la premisa de legislar en función de las nuevas realidades sociales, el Congreso del Estado aprobó este día los decretos que reforman y adicionan el Código Penal y el Código de Familia, para castigar cabalmente el acoso cibernético, eliminar impedimentos para que las mujeres divorciadas puedan casarse de nuevo e introducir la figura de la compensación, a fin de evitar desigualdad en los juicios de divorcio.
En esta sesión ordinaria también se aprobaron dos acuerdos con exhortos en materia de derecho ciudadano de libre acceso a las playas y sobre la situación derivada de la requisa realizada a ex concesionarios de transporte urbano de Hermosillo en 2018, respectivamente, y la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras una iniciativa con proyecto de ley y dos de decreto.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó el proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con lo que se da un paso adelante en la actualización de la tipología penal de diversos delitos en el Estado, lo cual conllevará a brindar una mayor seguridad a los sonorenses, pero particularmente a niñas, niños y adolescentes.
Se modifican diversos numerales de la legislación punitiva sonorense, con lo cual se podrá identificar, prevenir, denunciar, castigar cabalmente y penalizar a las personas que incurran en delito e intenten utilizar las herramientas de comunicación digitales personales para cometer cualquier tipo de ilícitos.
“Con este tipo de modificaciones legales, el Legislativo Sonorense atiende, puntualmente, las disposiciones de diversos tratados internacionales, particularmente por lo dispuesto en el referido numeral 19 de la Convención de los Derechos del Niño, y se legisla tomando como base el interés superior del menor”, establece uno de los considerandos del dictamen, que se aprobó por unanimidad.
La misma comisión presentó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, con el objeto de eliminar las limitantes para que las mujeres que hayan tenido un proceso de divorcio no tengan que esperar trescientos días o presentar un certificado médico para demostrar que no están embarazadas para volver a contraer matrimonio, como actualmente establece dicha norma.
En la parte de los considerandos, los integrantes de la dictaminadora analizaron los argumentos planteados por quienes presentaron la iniciativa, donde destacan, además de las disposiciones constitucionales federales y locales, los tratados internacionales de los que México es parte y la legislación local en materia de combate a la discriminación.
La conclusión es que las disposiciones a reformar en el Código de Familia son a todas luces discriminatorias hacia las mujeres, atento a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 16 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por lo que es obligación de este Poder Legislativo llevar a cabo las modificaciones legales planteadas.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno consideró como de urgente y obvia resolución aprobar una iniciativa con proyecto de Decreto para modificar una disposición contenida en el Código de Familia, que consiste en introducir la figura de la compensación para acabar con la desigualdad en el divorcio.
Se trata de proteger al cónyuge dedicado a las labores del hogar, en caso de disolverse el vínculo matrimonial, haya realizado trabajo remunerado o no, independientemente de que haya aportado bienes al matrimonio o no, ya que, si uno de los cónyuges tuvo la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en mayor medida y adquirir bienes durante el matrimonio, fue en colaboración con su pareja que se quedaba en casa y elaboraba las actividades productivas no remuneradas.
La diputada promovente expuso que esta disposición se encuentra vigente en al menos seis entidades federativas y fue motivo de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró la compensación como eje rector para mitigar la inequidad.
Enviarán exhortos a autoridades; turnan iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen el respeto al derecho ciudadano de libre acceso a las playas de dicho Municipio.
Las personas que visitan las playas de Guaymas se enfrentan al problema de que no existen los suficientes accesos, como sí están delimitados en Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, lo cual ocasiona incomodidad y molestia entre la gente al vulnerar su derecho al libre acceso a las playas, además de incumplirse lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales.
En el segundo Acuerdo aprobado por la asamblea, el Congreso del Estado resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que, a través de sus atribuciones y facultades, realice acciones tendientes a resolver y poner fin a la problemática social y política derivada de la requisa realizada a ex concesionarios del transporte urbano en el municipio de Hermosillo, en 2018.
Agrega que existen evidencias de inconformidad social mostrada por ex concesionarios a partir de la referida requisa, quienes en el ejercicio de su derecho se han manifestado y con esto generado afectaciones a terceros, por lo que se está a espera de la realización de mesas de diálogo para atender el problema, mismas que anunció recientemente el Gobernador del Estado.
La Presidencia turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, en materia de adopción post-mórtem, mediante la cual garantizaría que no se interrumpa el procedimiento de adopción aun cuando los adoptantes o uno de ellos fallezca.
En este caso, el cónyuge que sobrevive podrá continuar con el procedimiento de adopción o bien, si ambas fallecieran, serían el abuelo o la abuela, cuando así sea su voluntad, siempre y cuando entre ellos se hayan creado lazos afectivos de carácter filial, además plantea que aquellos menores que se encuentren sujetos a un juicio de adopción y durante el procedimiento cumplan su mayoría de edad, el proceso deberá continuar y la sentencia deberá surtir efectos como si se tratara de un menor de edad.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará por su parte una iniciativa con proyecto de ley que adiciona un tercer párrafo al Artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sonora, a efecto de que, en todos los procedimientos en forma de juicio, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otro derecho, las autoridades deberán privilegiar la resolución, a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
La diputada promovente explicó que se busca cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.
Una iniciativa para robustecer la reglamentación del Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora, a través de acciones como la integración de los lineamientos del modelo de Parlamento Abierto y la ampliación de los términos entre la publicación de la convocatoria y la realización del evento, entre otros puntos, se presentó ante el Pleno y fue turnada a la Comisión para la Igualdad de Género.
Las propuestas se fundamentan en las expresiones de las mujeres que participaron en el reciente Cuarto Parlamento de las Mujeres, con las demandas que hacen a esta Legislatura para que a sus ideas «no se las lleve el viento” y sean traducidas en iniciativas y acciones que consoliden un marco jurídico que verdaderamente sirva para el avance de las mujeres.